La fiscal ha explicado que, en "situaciones límite", la negativa de los padres a que sus hijos acudan a clases presenciales en el centro escolar podría constituir un delito de abandono familiar que conlleva una pena de inhabilitación de entre cuatro y diez años para ejercerla.
Peramato ha hecho hincapié en que solo se apreciaría delito en "situaciones verdaderamente graves". Por ejemplo, cuando haya una "tozudez en la negativa" de los padres por tratarse de colegios que hayan adoptado las medidas de seguridad necesarias y estar en poblaciones donde el riesgo de contagio del virus no sea alto.
Incluso en esta coyuntura, el fiscal Juan Antonio Frago, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha apuntado que podría concurrir la eximente de "miedo insuperable" prevista en el artículo 20 del Código Penal.
Ambos han coincidido en que la vía penal no sería la más adecuada para abordar las situaciones de absentismo escolar, más en el actual contexto de crisis sanitaria global, que aboca a un panorama inédito. "No es un miedo irracional", ha considerado Frago, aludiendo a la falta de información y a los rebrotes como factores objetivos. Ver la noticia completa
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