El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha condenado a un Ayuntamiento a indemnizar a un hombre con 3.000 euros por su pasividad en un conflicto entre vecinos, por los ladridos de un perro que impedía dormir, trabajar y hacer vida con normalidad.
El vecino afectado pidió 60.000 euros, pero el Tribunal ha rechazado que los ruidos del perro sea la causa de su ansiedad. El vecino soportó la situación desde 2010.
El Tribunal, sin embargo, rechaza que se confisque al animal porque la vulneración de los derechos fundamentales del particular a su intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad domiciliaria es una situación ya producida y agotada, y estos derechos no pueden ser restituidos a través de la confiscación, sino mediante el reconocimiento de una indemnización compensatoria. Ver la noticia completa
¿Necesitas ayuda con algún asunto? Contacta ahora con nosotras.
