El Tribunal Supremo ha determinado este jueves que el arancel notarial, arancel registral y gastos de gestoría, se deberán repartir entre bancos y consumidores, dependiendo de quién se beneficie cada uno.

Además, el Alto Tribunal ha analizado la comisión de apertura y considera que la cláusula que, en un préstamo hipotecario, la establece no es abusiva. 

Ademas, insiste en que considera que el cliente es el que debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en todas las hipotecas firmadas antes de que estuviera en vigor el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno. Ver la noticia completa 

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TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA