La Unión Europea resolverá sobre las diferencias entre la ley hipotecaria, que entró en vigor la semana pasada, y las decisiones del Tribunal Supremo, que emitió una sentencia sobre la legislación hipotecaria el pasado enero.
La principal discrepancia afecta a los gastos de la constitución de la hipoteca. Por ello, el juzgado nº6 de Ceuta presentó ante el Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial sobre si los parámetros establecidos por el TS sobre dichos gastos son compatibles con la ley y la jurisprudencia europea. Ahora será el tribunal europeo de Luxemburgo el que deberá aclararlo.
“Los criterios no son los mismos, pero es que además, el Supremo se corrige a si mismo en su sentencia de 23 de diciembre de 2015, donde señaló que la totalidad de los gastos debían de correr a cargo del banco; (...) esta maraña de criterios resta seguridad jurídica al negocio hipotecario, por lo que es clave la aclaración que haga Luxemburgo sobre el asunto”, señaló Juan Ignacio Navas, socio-director del despacho bancario Navas&Cusí, especializado en derecho bancario y europeo. Ver la noticia completa