El ministro de Justicia, Rafael Catalá, descarta reformas legislativas que permitan adecuar la normativa española al derecho comunitario.
Su compromiso para la defensa de los derechos del consumidor se reduce a la creación de juzgados especializados reforzados con peritos economistas, contables o fiscalistas. “El objetivo es que no todos hagan todo y eso está previsto en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
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