Los demandantes solicitan, en suma, el reintegro de las cantidades que tuvieron que asumir por contrato.
En concreto los de tasación del inmueble y de gestoría, los aranceles de notarios y registradores, y, por último, el desembolso más discutido y que los bancos se han negado a restituir: el impuesto de actos jurídicos documentados.
Esta última cuestión fue resuelta por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo, en una sentencia en la que aclaró cómo debían repartirse estas cargas, y en la que dejó claro que el pago del impuesto correspondía por ley al hipotecado. Ahora, un juez de Primera Instancia ha dado la vuelta a este argumento, y, tras anular el pacto de reparto de gastos por abusivo, declara que el BBVA debe devolver al cliente la cantidad que este abonó por el impuesto.
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