La resolución de Banco Popular el pasado mes de junio ha impulsado una amplia batalla judicial en la que los grandes accionistas que perdieron todo su dinero han abierto frentes en Madrid, Luxemburgo y Nueva York.
De fondo, sin embargo, se están librando una suerte de escaramuzas menores en el campo de la litigación de pequeños consumidores que reclaman su dinero por la vía civil. Un juzgado acaba de dictar la primera sentencia firme en contra de la venta de acciones de Popular a una empleada del banco, durante su última ampliación de capital, argumentando que la entidad ofrecía información irreal sobre su situación financiera que resultaba engañosa hasta para su propia plantilla.
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